El juicio por las presuntas fumigaciones con agroquímicos en Pergamino ingresó en su etapa decisiva y podría tener sentencia en los próximos días. En sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de hasta 4 años y 3 meses de prisión para productores agropecuarios, además de condenas para funcionarios municipales acusados de incumplir sus deberes de control.
La causa, considerada una de las más relevantes en materia de contaminación ambiental y uso de agroquímicos en Argentina, involucra a nueve imputados y se originó tras denuncias realizadas por vecinos y organizaciones ambientalistas a partir de 2014.
Las penas solicitadas por la fiscalía
El fiscal federal Federico Reynares Solari requirió la pena más alta para el productor agropecuario Fernando Cortese, a quien acusó de contaminación ambiental y amenazas coactivas. Para él pidió 4 años y 3 meses de prisión e inhabilitación para desarrollar actividades agropecuarias durante ocho años.
También solicitó 4 años de prisión para los productores Mario Roces y Víctor Tiribó, acusados de realizar fumigaciones con sustancias consideradas peligrosas para la salud y el ambiente en campos cercanos a zonas urbanas de Pergamino.
Por otro lado, para los hermanos Carlos y Hugo Sabatini se pidió una condena de 3 años de prisión condicional, mientras que para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone la fiscalía requirió 3 años de prisión e inhabilitación profesional por seis años, al considerar que realizó aplicaciones en cercanías de una escuela y un jardín de infantes sin respetar las distancias de seguridad.
En tanto, para el aplicador Cristian Taboada se solicitó una pena de 2 años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación.
Funcionarios municipales bajo la lupa
La fiscalía también apuntó contra los funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural del municipio de Pergamino, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, para quienes pidió 2 años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Según la acusación, ambos habrían incumplido las obligaciones establecidas por la ordenanza municipal que prohíbe fumigaciones terrestres o aéreas a menos de 100 metros de sectores poblados y viviendas ubicadas en áreas periurbanas.
Pedido de indemnizaciones y decomiso de campos
Además de las condenas, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene la reparación económica para las víctimas y el decomiso de cinco campos y de la maquinaria utilizada para las fumigaciones.
Durante su alegato, Reynares Solari sostuvo que los lotes rurales fueron utilizados como instrumentos para la comisión de los hechos investigados y remarcó que los imputados conocían las normativas vigentes y las denuncias formuladas por los vecinos.
El representante del Ministerio Público afirmó que los acusados tenían la obligación legal de proteger dos bienes fundamentales: la salud pública y el ambiente, y consideró que las aplicaciones cuestionadas se realizaron pese a los reiterados reclamos de la comunidad.
Un fallo con impacto nacional
Las querellas impulsadas por vecinos afectados solicitaron penas incluso más severas para algunos de los acusados y remarcaron estudios incorporados al expediente que vinculan a los denominados “pueblos fumigados” con mayores índices de enfermedades.
Mientras algunas defensas ya reclamaron la absolución de sus representados, esta semana continuarán los alegatos pendientes. Tras esa etapa, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario quedará en condiciones de dictar un veredicto que podría convertirse en un precedente clave para futuras causas ambientales vinculadas al uso de agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación | Foto: Claudio González – Ministerio Público Fiscal
