La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa “Ruta del dinero K”, reafirmando que seguirá siendo investigada en la causa por lavado de dinero que también condenó a Lázaro Báez. Se rechazaron sus recusaciones y apelaciones relacionadas.
El máximo tribunal judicial de la Nación también ratificó las condenas por lavado de dinero contra el empresario kirchnerista Báez y otros acusados.
La Corte rechazó una apelación presentada por la defensa de Cristina Kirchner contra los fallos de la Cámara Federal y de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocaron su sobreseimiento en la causa y aceptaron como querellante a la asociación civil “Bases Republicanas”.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti argumentaron que la apelación no se hizo contra una sentencia definitiva. Asimismo, rechazaron otras presentaciones de Cristina Kirchner, como las recusaciones contra los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Gustavo Hornos, por la misma razón.
La causa investiga el lavado de aproximadamente 55 millones de dólares atribuibles a Báez. Si bien él y otros fueron condenados, la parte que involucra a Cristina Kirchner siguió bajo investigación para determinar su posible vínculo con esos fondos. En mayo de 2023, el fiscal Guillermo Marijuán solicitó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, alegando que no se había podido acreditar su participación directa, aunque reconociendo la cercana relación personal entre ella y Báez.
El juez Sebastián Casanello aceptó ese pedido, pero la ONG Bases Republicanas pidió ser parte del proceso y el sobreseimiento fue revocado por la Cámara Federal, que habilitó a la asociación como querellante. Marijuán ratificó entonces la continuidad de la investigación.
Actualmente, dos pruebas importantes están en curso: un audio en el que Báez menciona que su dinero era de alguien “de arriba”, y un estudio contable ordenado en febrero para verificar si fondos regresados desde Suiza tuvieron como destino final a Cristina Kirchner, sus familiares o allegados. Este trabajo es realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), dependiente de la Corte Suprema.
El caso sigue abierto y en proceso de análisis judicial.
