El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó este viernes que dispuso la suspensión del pago a 4.588 beneficiarios del programa “Potenciar trabajo” por presentar “incompatibilidades para acceder a dicho plan”.
“La investigación, llevada a cabo por el fiscal federal Guillermo Marijuan, arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan potenciar trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 13 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”, explicó la cartera que conduce Pettovello a través de un comunicado.
Según el Ministerio de Capital Humano, la investigación abarcó a Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz. “Más de 8 mil beneficiarios de planes Potenciar Trabajo de esas provincias son a la vez, empleados públicos; por lo que están percibiendo sueldo y plan”, explicó el vocero presidencial Manuel Adorni.
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal federal Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.
La fiscalía investiga posibles delitos de “violación de deberes” de funcionario público por omisión de controlar y “defraudación” y ya detectó 8.535 casos.
Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.
Marijuán ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.
Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior, muchos de ellos “en numerosas oportunidades”
El integrante del ministerio público pidió investigar “presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
