El dirigente social Juan Grabois fue detenido este sábado por la Policía Federal luego de atrincherarse junto a un grupo de militantes en el Instituto Juan Domingo Perón, un edificio emblemático en Recoleta que el Gobierno nacional había dispuesto cerrar.
La aprehensión ocurrió en medio de empujones y el uso de gas pimienta. Se generó un momento de tensión con los demás militantes intentaban evitar el desalojo.
Todo se dio este sábado, mismo día en el que vencía el plazo para que el edificio fuera entregado a las autoridades del Ministerio de Capital Humano, tras el cierre oficializado por decreto el 21 de mayo.
Grabois había ingresado al instituto, que es una residencia donde vivieron Perón y Evita, y llamó a hacer “el aguante”.
Desde el Ministerio de Capital Humano, se calificó la acción como una “usurpación“. De hecho, desde la propia cartera compartieron un comunicado indicando que se presentó una denuncia por intrusión y se llamó al 911, enfatizando que “el edificio siempre fue de Capital Humano”.
EL DECRETO DEL CIERRE
El Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, había anunciado a principios de mayo el cierre del instituto, argumentando que representaba una “carga presupuestaria evitable e innecesaria“.
Según la administración, la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se realizaba en otras instituciones académicas, lo que no justificaba la continuidad del instituto. El decreto del 21 de mayo determinó también la transferencia de los inmuebles de los organismos disueltos a Capital Humano.
Vale mencionar que Grabois y el Gobierno tienen varios antecedentes de denuncias previas entre sí, principalmente entre el dirigente y la cartera que comanda Pettovello.
De hecho, el referente del Frente Patria Grande ya había presentado una denuncia penal contra la ministra, el Secretario de Cultura Leonardo Cifelli, y otros dos funcionarios de Capital Humano, Juan Carlos Carlesso y Fernando Seoane.
La denuncia, en representación de la cooperativa que gestiona el bar “Un café con Perón”, acusaba a los funcionarios de “daño agravado, sustracción, alteración y destrucción de documentos confiados a su custodia, y abuso de autoridad”. La ministra Pettovello había dado plazo a la cooperativa hasta este sábado 7 de junio para abandonar el lugar, a pesar de tener una concesión contractual hasta 2027.
