La Gobernadora decidió darle prioridad a los maestros recibidos. Los sindicatos rechazaron la medida y advierten que son 7.000 los afectados.
A días de que termine el año, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió poner fin a la contratación de aquellas personas que estén dando clases en las escuelas pero no tengan título docente ni estén estudiando en la actualidad un profesorado.
Desde la Gobernación, afirmaron que la medida “es legal” y que se está aplicando el estatuto docente. La normativa establece en sus artículos 109 y 110 que el personal docente que trabaje en condición de provisional o suplente “cesará” si al finalizar el curso no cuenta con título habilitante. Además, advierten que se está defendiendo el derecho a “a recibir una educación de calidad”.
El objetivo de la Dirección General de Cultura y Educación provincial es que los cargos se ocupen por concurso público a partir de 2018. Es que hay muchos casos de personas que no tienen título habilitante y tuvieron un cargo durante 15 años, mientras que existen docentes con su título y con mayor puntaje que no pueden acceder a ese cargo.
La pulseada que arrancó en el Frente Educativo es por cerca de 7.000 afectados que hace años vienen desarrollando estas tareas, aseguran desde los gremios.
El gremio Suteba, a cargo de Roberto Baradel, denunció que el gobierno de María Eugenia Vidal impulsa un despido masivo y “se prepara para dar un nuevo ajuste a los trabajadores”, ya que pretende achicar el número de cursos y pretende continuar con las cesantías de los “no titulados”. “Rechazamos esta decisión arbitraria y unilateral de la gobernadora y su ministro de Educación”, señaló a través de un comunicado firmado junto con las secretarias adjuntas del sindicato, María Laura Torre y Silvia Almazán.
Desde la óptica gremial, la Gobernación está realizando cálculos abstractos para tomar esta decisión y rechazó que no se haya convocado a la participación de la Comisión Distrital y sin el análisis particular de cada situación cuando está terminando el año. “No es otra cosa que un nuevo ajuste y el despido de miles de docentes”, insistieron.
Para el Frente de Unidad Docente (FUD), la medida “pone en riesgo a miles de alumnos de toda la provincia (y los exponen) a que pierdan horas de clases en varias asignaturas y materias específicas”.
Si bien se esperaba que las cesantías se hagan efectivas desde diciembre, tras los reclamos la decisión entrará en vigencia a partir del 28 de febrero de 2018. Hay detrás una cuestión pedagógica: se le da la posibilidad a que los alumnos puedan rendir finales con aquellos que les enseñaron durante todo el año.
En ese interín, habrá una evaluación y seguimiento para los estudiantes que ejercen de docentes, con “un plan de metas que favorezca la finalización de estudios superiores”.
La cartera educativa insistió en su rechazo a que se vayan a dejar cesantes a docentes sin título habilitante y señaló que los cambios en la toma de cargos “estaban previstos desde la paritaria 2017”, pero que a pedido de los sindicatos se postergó.
“Eso no es una resolución unilateral, estamos aplicando dos artículos del Estatuto del Docente que no se ponían en práctica desde 2004. Esta normativa habla de implementar concursos públicos cuando finalice el ciclo escolar que debería terminar el 30 de diciembre”, dijo a Télam Sergio Siciliano, subsecretario de Educación bonaerense.
