El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, está a punto de reglamentar la ordenanza Nº 6737 sancionada por el Concejo Deliberante el último 24 de septiembre, creando un Régimen de Recupero de Gastos Hospitalarios por Accidentes de Tránsito afrontados por el sistema de salud municipal.
De este modo, se comenzará a implementar la obligación de reintegrar al Hospital sampedrino los costos de las prestaciones de salud brindadas a personas lesionadas en siniestros viales, cuando los mismos sean provocados por conductores que presenten alcoholemia positiva, se encuentren bajo los efectos de sustancias prohibidas, no cuenten con licencia de conducir habilitante, no posean la documentación exigible por la normativa vigente respecto del vehículo involucrado o incurran en conducción temeraria o realicen maniobras peligrosas.
Esto incluye a conductores de motos que no lleven el casco colocado.
Una ordenanza de estas características se implementa desde marzo de este año también en el Municipio de Coronel Pringles y establece que “serán sujetos obligados al pago de los gastos hospitalarios, en forma directa y solidaria, las personas humanas o jurídicas que hubieren intervenido en el accidente de tránsito en carácter de conductores, propietarios, poseedores o guardadores de los vehículos involucrados, así como las entidades aseguradoras que hubieran otorgado cobertura vigente, hasta el límite de la póliza y conforme condiciones contractuales”.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud municipal, con intervención del Juzgado de Faltas, quienes tendrán a su cargo la determinación, liquidación, certificación y gestión de cobro de los gastos hospitalarios alcanzados por el presente régimen.
“Los gastos derivados de la atención médica, farmacológica, quirúrgica, de internación, rehabilitación y demás prestaciones brindadas por el Hospital Municipal y demás efectores públicos locales a personas lesionadas en accidentes de tránsito constituyen erogaciones que impactan directamente sobre el presupuesto municipal y el normal funcionamiento del sistema de salud pública”, argumenta la medida.
Añadiendo que “el principio de equidad y de responsabilidad social impone que los costos derivados de la atención de siniestros viales ocasionados por conductas antijurídicas no recaigan sobre la comunidad en general, sino que sean afrontados por quienes generaron el daño o se encontraban en infracción al momento del hecho”.








