La Tarjeta Alimentar comenzó a pagarse en Arrecifes en marzo de 2020, por la crisis económica que ya regía antes de que llegue el coronavirus a Argentina. Las correspondientes a nuestra ciudad se repartieron en abril y en ese momento se establecieron montos mensuales de 4 mil pesos para los beneficiarios con un solo hijo de hasta 6 años que cobran la AUH y mujeres embarazadas que cobran la AUE, y 6 mil pesos para quienes tienen dos hijos o más de hasta 6 años y cobran la AUH.
No obstante, de esas tarjetas y otras que legaron meses después, queda una cantidad sin repartir en Arrecifes. No podemos precisar cuántas son porque no contamos con ese dato, pero sí que permanecen en la Municipalidad sin ser etregadas.
El director de Acción Social municipal, Jorge Pomatti, teóricamente máximo responsable del área, hace un tiempo le manifestó a este medio que “no habla con la prensa”, por lo que no pudimos obtener información oficial sobre este tema.
No obstante, fuentes extraoficiales del Municipio confirmaron que aún restan entregar muchas tarjetas porque “vinieron con el nombre pero sin el domicilio en los listados”. Y aseguran que “las tarjetas están en la Municipalidad para que las vayan a buscar”.
El argumento sueña extraño porque con un padrón pueden encontrarse los domicilios de esas personas. O si así no fuera, con la publicación de los nombres de las personas que tienen la Tarjeta Alimentar a disposición, se solucionaría el problema.
PERJUICIO ECONÓMICO A LOS BENEFICIARIOS Y A LA CIUDAD
Lo cierto es que el Estado nacional esta brindando entre $ 4.000 y $ 6.000 (se va a aumentar a $ 6.000 y $ 9.000 respectivamente) a vecinos de Arrecifes que lo necesitan y no pueden aprovecharlos, quedando ese dinero inmovilizado en las arcas de Nación.
Por otra parte, la Tarjeta Alimentar ha significado una inyección de dinero a la economía local que fue muy importante durante la pandemia. Lo que gasta la gente en Arrecifes con la tarjeta ronda los $ 5 millones de pesos mensuales, que puestos en circulación benefician también a comerciantes que “condenan” a los que “cobran planes”.
Es consecuencia, todas las tarjetas que quedan sin entregar no sólo afectan a vecinos que las necesitan para comer sino también a toda la economía local. Y es un derecho que se les ha otorgado, que tienen a disposición, y no les es entregado.
