El Gobierno nacional anunció que comenzó la auditoría de más de un millón de pensiones por discapacidad laboral, tras las irregularidades en la asignación y cobro de esos beneficios que surgieron en un primer relevamiento en las localidades con más anomalías que surgían al cruzar información.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) trabajará con el PAMI a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación.
En una primera etapa se enviarán unas 400.000 cartas documento para revisar caso por caso.
“Los beneficiarios que no venían cumpliendo con los requisitos deberán asistir a un turno asignado para una evaluación médica presencial a cargo de médicos del PAMI. Luego, profesionales de la ANDIS analizarán la información y documentación. Solo para poner un caso testigo, el mes pasado se citaron a 1100 personas en la ciudad de Buenos Aires y solamente el 31,6% se presentaron; hubo 759 que no cumplían los requisitos o por alguna razón no se presentaron a demostrar clínicamente su discapacidad”, informaron desde el gobierno de Javier Milei.
“El objetivo es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten. La forma en que viene operando el sistema es un escándalo. Se detectaron pagos de servicios que se hacían con pensiones por discapacidad; personas a las que supuestamente les faltaba una pierna y llegaron caminando a la citación sin saber que tenían una pensión a su nombre. Además de certificaciones con radiografías de perros; cobros de gente que falleció hace más de cinco años; estudios truchos y duplicados, y así podemos seguir”, explicaron.
EN ARRECIFES
Se supo que, en una próxima etapa, la agencia Arrecifes de PAMI también comenzará a revisar las pensiones por discapadidad otorgadas en nuestra ciudad, como en otras de la región.
“No se le quitará el beneficio a nadie que verdaderamente lo necesite; de ninguna manera. Así que no crean a quienes dicen eso. Pero no se permitirá que la gente siga pagando avivadas e ilegalidades con sus impuestos. Truchar una discapacidad es muy grave y también es corrupción”, se encargaron de aclarar.
La última etapa será para procesar la información relevada en las oficinas de PAMI. “Los profesionales de la Andis analizarán la documentación de cada beneficiario –continuaron en la cartera sanitaria–. Por último, se emitirán los dictámenes y las resoluciones de cada caso: se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión”.
