Los estudiantes debían volver a clases hoy tras dos semanas de vacaciones, pero en la mayoría de los casos los gremios docentes se lo impiden.
CTERA, UEBA, SUTEBA y otros sindicatos de alcance nacional iniciaron este lunes otro paro, que en esta oportunidad anunciaron que será de 48 horas, extendiéndose al martes.
Pese a que recientemente se logró un acuerdo de mejora salarial con el Gobierno bonaerense, los docentes agrupados ahora van contra el gobierno de Javier Milei y vuelven a dejar sin clases a los chicos.
Ahora le reclaman:
-Convocatoria a paritaria nacional docente.
-Recomposición salarial.
-Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente
Control del Gobierno nacional
Frente a la protesta, el Gobierno puso en marcha un esquema de controles para monitorear el funcionamiento de las escuelas y verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo, establecida en un 75%.
La administración de Javier Milei sostiene que la educación es un servicio esencial y busca garantizar que los establecimientos permanezcan abiertos durante la jornada de huelga.
Se busca determinar el grado de acatamiento al paro a través de relevamientos en las jurisdicciones y controles sobre la asistencia del personal docente. La información servirá para evaluar el alcance efectivo de la protesta y el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la prestación del servicio educativo.
Cómo será el operativo para controlar las escuelas
Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, los inspectores verificarán que durante la jornada de paro se garantice la cobertura del 75% de la prestación del servicio educativo, porcentaje establecido para las actividades esenciales.
Los controles serán realizados por personal de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se presentará en los establecimientos con credenciales oficiales para relevar el funcionamiento de las escuelas y el nivel de adhesión a la medida de fuerza.
En caso de detectar incumplimientos, el Gobierno advirtió que activará los mecanismos previstos por la normativa para evaluar la aplicación de sanciones económicas contra las organizaciones sindicales responsables de la protesta.
