El teléfono celular que portaba Fernando André Sabag Montiel, el agresor detenido por el atentado contra Cristina Kirchner, fue bloqueado en uno de los intentos por extraer información por parte de la Policía Federal y esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.
El teléfono fue secuestrado cuando detuvieron a Sabag Montiel en la noche del jueves, tras el ataque a la vicepresidenta de la Nación cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.
El móvil estaba apagado y sin batería. Lo colocaron en un sobre cerrado y lo trasladaron al juzgado, por orden de la magistrada. Se encendió cuando lo conectaron para intentar la primera extracción y, de inmediato, fue colocado en modo avión para que nadie pudiera tener acceso remoto. En el juzgado se comenzaron los intentos de extracción con personal técnico de PFA y la utilización de un sistema denominado UFED.
Los dos técnicos de PFA que manipularon el teléfono y fueron dando cuenta de en qué consistían las maniobras al secretario del juzgado Federico Clerc. Cuando asumieron que los intentos fracasaron, elaboraron un informe para dejar registro de lo realizado y la condición en la que el teléfono quedó bajo custodia del juzgado en un sobre abierto y en la caja fuerte.
Horas después, el juzgado recibió la noticia de que la PSA contaba con un sistema más actualizado que podía intentar extraer la información y hacia allí se llevó el aparato en un auto de custodia. En las oficinas de la PSA intentaron nuevamente la extracción de la información y allí surgió en la pantalla del aparato una leyenda que daba cuenta de que el mismo se había formateado y no era posible realizar la operación. En esas condiciones, el teléfono volvió, siempre encendido y en modo avión, a la caja fuerte del juzgado.
No obstante, hay información del teléfono a la que el juzgado ya accedió: se trata de aquella almacenada en la tarjeta SIM.
En este inédito contexto de la posibilidad de haber perdido la información del teléfono del responsable del atentado, oficialismo y oposición volvieron a cruzarse acusaciones.
Funcionarios del Gobierno y legisladores del Frente de Todos responsabilizan del hecho a la Justicia: “¿Alguna duda que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo están trabajando para encubrir el intento de magnicidio contra Cristina? La mafia de Comodoro Py no puede investigar el atentado. Está en juego la democracia”, apuntan desde el oficialismo.
De parte de Cambiemos, acusan a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ambas a cargo del ministro Anibal Fernández: “En vez de defenderse con pruebas arman un circo en la puerta de la casa.
Piden que se retire la Policía de la ciudad, ponen a la Federal, no cuidan a la Vicepresidente, se les escapa el tirador, pierden la trazabilidad de la pistola y resetean el teléfono. Anibal Fernández debe renunciar ya y exigimos que se aclare esta grave situación”, repiten dirigentes del PRO.
