La Sociedad Rural Argentina, que preside Nicolás Pino, cuestionó la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, firmada por su titular, por Walter Correa.
Mediante esta medida se crea el F.U.T.U.R.O.: una declaración jurada mensual que deben presentar empleadores con salarios, comprobantes bancarios y datos sobre las jornadas laborales. Será voluntaria en diciembre y obligatoria desde enero de 2027 para todos las empresas con presencia en la Provincia.
“Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos”, sostuvo la SRA que pidió revisar la medida.
Desde el Ministerio defienden el sistema como una herramienta para detectar irregularidades antes de las inspecciones y como respuesta al artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral, que según Correa “cercena facultades constitucionales provinciales”.
La medida del gobierno de Axel Kicillof va en contra, claramente, de la quita de presiones y burocracia al sector rural que impulsa la presidencia de Javier Milei para favorecer la producción y el aumento de puestos de trabajo registrados.







