Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ordenó a la Municipalidad de Baradero informar en detalle el destino de los fondos recaudados por la tasa de red vial, que alcanzan los $ 1.000 millones. La decisión judicial responde a un pedido de acceso a la información pública impulsado por productores rurales, en un contexto de fuertes cuestionamientos por el estado de los caminos.
La resolución, firmada por los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, obliga a la gestión encabezada por el intendente Esteban Sanzio a presentar documentación clave: el listado de cheques emitidos, las transferencias realizadas y la matriz de costos utilizada para fijar el tributo.
El reclamo fue iniciado por la Sociedad Rural de Baradero luego de no obtener respuestas en el municipio baraderense. La entidad decidió avanzar por la vía judicial, que ya en primera instancia había reconocido el derecho de acceso a la información. Ahora, la Cámara ratificó ese criterio y reforzó el principio de que “toda persona ha de tener acceso a la información pública”, sin necesidad de justificar un interés particular.
Desde el sector rural, las críticas apuntan tanto a la falta de transparencia como al deterioro de la red vial. El presidente de la entidad, Pablo Roller, describió una situación crítica: caminos “completamente intransitables”, dificultades para transportar hacienda y problemas de acceso a servicios básicos como la educación. Según precisó, de los 600 kilómetros de caminos rurales del distrito, en los últimos siete años no se habrían reparado ni mantenido siquiera 200.
Además, cuestionó el destino de los recursos: “Los municipios no recaudan en función del servicio que prestan, sino de lo que necesitan para cubrir otros gastos”, sostuvo, al tiempo que calificó el sistema de cobro como “variable y complejo”, en función de factores como la cantidad de hectáreas.
El fallo también pone el foco en la obligación del Estado de brindar respuestas completas, claras y verificables. En ese sentido, los magistrados señalaron que no alcanza con contestaciones parciales o imprecisas, y remarcaron que es el propio Estado el que debe justificar cualquier negativa a entregar información.
El abogado de los productores, Pablo Abdón, explicó que el reclamo apunta a tres ejes centrales: cuánto se recauda por la tasa, cuánto se destina efectivamente al mantenimiento de los caminos y cuál es la estructura de costos que determina su valor. “Son puntos esenciales para evaluar la razonabilidad del tributo”, afirmó.
En esa línea, advirtió que, una vez obtenida la información, podrían avanzar nuevas acciones judiciales. Entre ellas, no se descarta la posibilidad de reclamar la devolución de lo abonado si se detectan irregularidades o incluso impulsar denuncias penales ante un eventual uso indebido de fondos.
En distintos municipios bonaerenses como Azul, General Alvarado, Necochea y Henderson, productores recurrieron a la Justicia con reclamos similares, exigiendo mayor transparencia en la recaudación y el uso de la tasa vial.
Incluso, existe un antecedente reciente en la provincia: el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen ordenó al Municipio de Daireaux reintegrar fondos a productores tras comprobar graves deficiencias en el mantenimiento de los caminos y desvío de recursos. Un informe incorporado en esa causa determinó que el 96% de la red presentaba problemas que impedían la circulación.
