La Justicia ordenó embargar de manera preventiva el departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, en el marco de la causa Vialidad. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) y apunta a preservar los bienes que podrían ser utilizados para afrontar el monto fijado como perjuicio al Estado.
La decisión se conoce mientras avanza una segunda etapa de ejecución patrimonial contra los condenados en el expediente. La Justicia busca garantizar el recupero de una suma que, luego de su actualización, asciende a unos $685.000 millones. La Corte Suprema dejó firme en julio el monto del decomiso y habilitó el avance sobre los bienes alcanzados.
El inmueble de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, pertenece a la sociedad Los Sauces y es actualmente el domicilio en el que la expresidenta cumple la condena de seis años de prisión impuesta por la causa Vialidad.
La propiedad ya había quedado en el centro de la disputa judicial en mayo, cuando el fiscal federal Diego Luciani solicitó que fuera incorporada al listado de bienes a decomisar. El pedido formó parte de una nueva presentación destinada a recuperar activos para cubrir el perjuicio económico determinado en el expediente.
Ahora, el TOF 2 avanzó un paso más y dispuso una traba cautelar sobre el inmueble, junto con otras propiedades y activos vinculados a los condenados. El objetivo es evitar que los bienes puedan ser transferidos, gravados o sustraídos mientras continúa el trámite judicial.
La medida, sin embargo, no significa que el departamento haya sido decomisado de manera definitiva ni que vaya a ser subastado de inmediato. El embargo busca preservar la posibilidad de ejecutar el bien en el futuro, en caso de que finalmente quede alcanzado por el decomiso.
Buscan que se devuelva el dinero robado
El Tribunal intervino mientras permanece pendiente la definición sobre una nueva tanda de bienes que podrían ser ejecutados para afrontar la deuda establecida en la causa.
En febrero, Luciani había solicitado el decomiso de 141 inmuebles, entre propiedades vinculadas a la familia Kirchner y bienes relacionados con Lázaro Báez. En ese listado ya figuraba el departamento de San José 1111, además de propiedades en Santa Cruz y otros activos.
La estrategia judicial apunta a garantizar que el patrimonio de los condenados permanezca disponible para responder por el perjuicio económico establecido en la sentencia. Según los antecedentes del expediente, los bienes de la familia Kirchner quedaron bajo análisis debido a la vinculación patrimonial que la Justicia estableció con las sociedades Los Sauces y Hotesur.
El nuevo embargo alcanza así a uno de los inmuebles más visibles del expediente: no solo por su valor patrimonial, sino porque se trata del lugar donde la expresidenta permanece detenida desde que comenzó a cumplir su condena bajo modalidad domiciliaria.
Mientras tanto, la discusión sobre el destino definitivo de los bienes continúa en los tribunales. El embargo preventivo garantiza que el departamento de San José 1111 permanezca jurídicamente disponible mientras se define si finalmente deberá ser incorporado al proceso de decomiso para cubrir la millonaria suma reclamada por el Estado.
