La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno nacional denunció que empleados de la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), designados por la gestión de Alberto Fernández, se desvincularon y cobraron indemnizaciones por un costo total cercano a los $300 millones. Inmediatamente, esas mismas personas se recontrataron para cumplir con las mismas funciones que desempeñaban anteriormente.
El Gobierno hizo pública la denuncia a través de las redes sociales, dónde explicó cómo estos empleados realizaron la artimaña para estafar al Estado. “Se despidieron, se indemnizaron y se volvieron a contratar: Ahora, a la Justicia”, reveló la Secretaría en X.
“Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología vamos a denunciar en la Justicia a las autoridades de la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), designadas por el gobierno anterior”, indicó el órgano responsable de formular, desarrollar y ejecutar políticas de innovación, ciencia y tecnología en la Argentina.
Cómo fue la maniobra de las indemnizaciones truchas
La denuncia hace referencia a la administración del ex presidente Alberto Fernández y da cuenta de una estafa millonaria contra el Estado. “Tras el recambio de autoridades, detectamos una maniobra de vaciamiento institucional: empleados se desvincularon y se indemnizaron por un total cercano a los $300 millones. Inmediatamente, esas mismas personas se recontrataron para cumplir las mismas funciones que desempeñaban anteriormente”, señaló el comunicado publicado en las redes.
Y finalizó con una fuerte crítica hacia el kirchnerismo y una advertencia. “El tiempo en que algunos creían que el Estado era de su propiedad para servirse de él a gusto, terminó”, concluyó el mensaje de la secretaría que se encarga de coordinar y gestionar fondos para actividades científicas y tecnológicas en el país.
Esta denuncia pone en evidencia una presunta maniobra irregular que compromete la gestión pública y los recursos estatales. De esta manera, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, anunciando que seguirá de cerca el curso judicial de este caso para garantizar que los culpables respondan ante la Justicia y se protejan los intereses del Estado y de la sociedad.
