La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, formalizó la imputación al presidente, al director y a un médico de la Clínica Centro de Pergamino por defraudar al Estado Nacional con la facturación de 191 órdenes de consultas y de prácticas prescriptas a 28 afiliados a PAMI que nunca recibieron las prestaciones.
Las maniobras fueron detectadas entre abril y diciembre de 2024 pero podrían tener un volumen mayor, según indicios de la investigación. El juez de Garantías ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada uno de los imputados y la prohibición de salir del país por un plazo de 90 días.
Ante el magistrado federal Carlos Villafuerte Ruzzo, el MPF formalizó la semana pasada la investigación penal respecto del presidente y el director médico de la clínica privada pergaminense como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública. En relación al médico, lo consideró partícipe necesario del mismo delito.
El caso se inició a partir de la presentación de una paciente ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo.
A los dos primeros se les atribuyó haber validado y facturado 191 Ordenes Médicas Electrónicas (OMES) —de consultas y de práctica— que no se realizaron en la institución, entre abril y diciembre del 2024. Al médico se le atribuyó una colaboración necesaria, ya que habría emitido 110 OMES que no se realizaron y que fueron cobradas por la Clínica Centro SA., donde se desempeñaba como responsable del Área de Internación, al menos, hasta noviembre de 2025.
De acuerdo las evidencias reunidas en la investigación, las maniobras provocaron un perjuicio económico al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ) de al menos $1.644.662,37 que, según la actualización hecha por PAMI, a noviembre de 2025 ascendía a $3.242.369,02.
Tras la exposición de la fiscalía, el juez Villafuerte Ruzzo dio por formalizada la investigación y otorgó un plazo de 90 días para profundizar la pesquisa.
Prescripciones falsas
Según indicó el fiscal Di Lello, los directivos se valieron de OMES emitidas por diferentes médicos de Pergamino. Para ello, utilizaron datos de afiliados de PAMI que no se atendieron con ellos, no tenían las patologías que indicaba el estudio y nunca asistieron a la Clínica Centro, ubicada en Pueyrredón 840 de la vecina ciudad.
Para concretar el fraude y confirmar falsamente que el afiliado había concurrido al lugar para llevar adelante la práctica o consulta indicada, utilizaban su número de DNI y de trámite. Luego, habrían transmitido las órdenes médicas para el cobro, donde habrían facturado los montos indicados desde el usuario de la clínica a través del sistema informático oficial de PAMI.
La fiscalía marcó que las OMES cobradas e informadas por PAMI fueron contrastadas a través de llamados telefónicos realizado por UFI PAMI a diversos afiliados. A partir de entrevistas, análisis de IP, tareas de campo y un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), se pudo corroborar que efectivamente las prácticas y consultas médicas no existieron, pero fueron cobradas por la clínica en su totalidad.
Al allanar la clínica no se hallaron ni se aportaron historias clínicas de las pacientes, exigidas no solo por PAMI sino por la ley. Además, muchos pacientes indicaron que no asistían a ese centro salud por la mala atención y optaban por atenderse en el hospital público. Para el fiscal, ello evidenciaba que “las practicas adjudicadas a la clínica no existieron y por ende se transmitieron falsamente”.
La Fiscalía aclaró que la investigación permanece activa en relación a determinar si otros profesionales tuvieron participación en las maniobras. Con una prórroga de 90 días para profundizarla, la Justicia Federal buscará también dilucidar la magnitud total de la presunta defraudación y establecer si existen más episodios vinculados al mismo mecanismo de facturación irregular
