El jefe anterior del Destacamento de Seguridad Vial de Colón y ocho de sus integrantes fueron detenidos acusados de integrar una organización dedicada al cobro de coimas en controles sobre la ruta 8.
La fiscal de instrucción de Colón, Magdalena Brandt, ordenó las detenciones del jefe policial anterior (se informó como el subcomisario HGC) y de ocho subalternos en el marco de una causa por presuntas exacciones ilegales, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
La medida fue ordenada por el juez de Garantías César Solazzi, quien además dispuso allanamientos en distintas dependencias y domicilios vinculados con los acusados.
Según la investigación, los efectivos habrían montado un sistema organizado para exigir dinero a conductores interceptados en operativos de tránsito realizados en la ruta nacional 8 y otros corredores viales del partido de Colón.
De acuerdo con la acusación judicial, los policías amenazaban a las víctimas con la confección de infracciones, secuestros de vehículos, retención de documentación o incluso la apertura de causas penales. Frente a esa situación, ofrecían evitar las sanciones a cambio de pagos que debían realizarse mediante transferencias bancarias.
Dos años coimeando
La pesquisa sostiene que el mecanismo funcionó entre enero de 2024 y noviembre de 2025. El eje central de la maniobra habría sido una cuenta bancaria del banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”, donde los conductores transferían el dinero exigido durante los controles viales.
Posteriormente, según la fiscalía, esos fondos eran derivados a cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con el jefe anterior de la Vial Colón y otros integrantes de la dependencia policial.
Los investigadores detectaron movimientos económicos millonarios. La causa menciona transferencias por cifras superiores a los 23 millones de pesos hacia algunos efectivos involucrados, además de giros menores distribuidos entre otros integrantes de la estructura.
La fiscal Brandt señaló en el pedido de detención que las acreditaciones provenían de personas y empresas de distintos puntos del país, en muchos casos transportistas que atravesaban los controles instalados en la ruta 8.
Más de 300 víctimas y pedidos millonarios
La documentación incorporada al expediente incluye informes bancarios, reportes de billeteras virtuales, declaraciones testimoniales y registros telefónicos. Según la fiscalía, existen más de 300 operaciones sospechosas relacionadas con presuntos pagos ilegales.
Entre los ejemplos incorporados a la investigación aparecen empresas de transporte, comercios y particulares que habrían transferido dinero luego de ser retenidos en controles policiales.
Uno de los casos citados involucra a un chofer de transporte de cargas al que inicialmente le habrían exigido 27 millones de pesos para liberarlo de una supuesta infracción. Finalmente, según la acusación, terminó pagando 2 millones mediante transferencias desde dos cuentas distintas.
También figuran pagos realizados por presuntas faltas vinculadas con documentación de cargas, habilitaciones del Senasa, faltantes de chapas patentes o incluso la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana.
Asociación ilícita policial
La fiscalía considera que los hechos no fueron aislados sino parte de una estructura organizada dentro de la Policía Vial. Por eso imputó a los acusados por asociación ilícita, señalando como organizador al entonces jefe del Destacamento Vial de Colón.
En el expediente también se menciona la posible participación de superiores pertenecientes a la estructura de Policía Vial de la zona Junín, quienes habrían recibido transferencias derivadas de las recaudaciones ilegales.
Además, la investigación incluyó movimientos económicos vinculados con efectivos del Destacamento Vial de Carabelas, donde también se habrían replicado mecanismos similares de cobro ilegal a conductores.
Allanamientos y pruebas
Para avanzar con las detenciones, la fiscal solicitó allanamientos con habilitación de días y horarios inhábiles. La medida contempló además la intervención de fuerzas especiales debido a que los acusados son integrantes de la Policía bonaerense.
La resolución judicial tomó en cuenta un extenso conjunto de pruebas reunidas durante más de un año de investigación, entre ellas informes bancarios de entidades financieras, reportes de Mercado Pago, documentación telefónica, declaraciones de víctimas y actas de procedimientos.
La fiscal Brandt también advirtió sobre riesgos procesales y sostuvo que uno de los imputados intentó comunicarse con una víctima para influir en su declaración.
Mientras continúan los procedimientos judiciales, la causa avanza como una de las investigaciones más graves por presunta corrupción policial en el norte bonaerense, con eje en los controles de tránsito realizados sobre la ruta 8.
Fuente: El Faro Informa / La Opinión Pergamino
