El Gobierno argentino anunció este miércoles una serie de reformas para endurecer su política migratoria, que van desde la expulsión de extranjeros condenados por cometer algún delito, al cobro por recibir asistencia sanitaria a todas aquellas personas en situación irregular o que cuenten con estatus de residencia temporal.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la actual legislación en materia de inmigración “invita al caos” y al “abuso de muchos vivos, que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro”.
“Entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”, ha protestado el portavoz, quien ha dirigido también los ataques hacia los “inmigrantes que vienen a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países”.
Adorni aseguró que en las últimas dos décadas, han entrado de manera irregular al país un millón de personas y lamentó que hasta ahora no se haya expulsado a aquellos que infringieron la ley dentro del territorio y que puedan “seguir viviendo felizmente en la Argentina para peligro de todos los demás”.
“De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar será rechazado en las fronteras por las autoridades migratorias (…) todo aquel que sea condenado por cometer un delito, será deportado (…) El que las hace, la paga”, dijo.
Adorni dijo que tampoco es justo para aquellas personas que han llegado desde fuera para contribuir con el bienestar de Argentina, país que quiere “seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero”.
TURISMO SANITARIO
La Presidencia de Argentina afirmó en un comunicado que no puede recaer en quienes “pagan impuestos” el “abuso” que cometen extranjeros que llegan al país sólo con la intención de hacerse con “recursos que no son suyos”.
La nota se refiere a esto como “tours sanitarios”. Adorni sostiene que estas personas vienen al país y después de ser atendidas, regresan de inmediato a sus lugares de origen. El año pasado, ha asegurado, ocho hospitales argentinos gastaron 114,000 millones de pesos (unos 90 millones de euros) “en atender a extranjeros”.
La nueva ley establecerá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporales e irregulares, además de la obligatoriedad de entrar en el país con seguro médico privado. “Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública”, justificó la presidencia.
Asimismo, las nuevas reformas incluyen también cambios en el sistema público de educación, dando la posibilidad a las universidades del país de imponer tasas adicionales a quienes se encuentran en Argentina de manera temporal.
Por otro lado, la ciudadanía sólo podrá ser otorgada “exclusivamente” a quienes hayan residido de manera continua dos años, o “haber realizado una inversión relevante para Argentina”, mientras que la residencia solo a quienes acrediten medios de subsistencia suficientes o ausencia de antecedentes.
