Ramallo se convirtió en otro distrito que inventa impuestos locales para financiar sus gastos políticos castigando aún más los bolsillos de sus habitantes o de la gente que visita esa ciudad.
Desde el 2 de enero comenzó a aplicar la denominada Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un tributo municipal que agrega un recargo del 2% por litro de combustible y que ya se traslada de manera directa al bolsillo de los vecinos. Las naftas y el gasoil en las estaciones de servicio ramallenses fueron aumentadas en ese porcentaje que las firmas expendedoras deben girarle al Municipio.
La medida, impulsada por el intendente Mauro Poletti no sólo generó un fuerte rechazo político y judicial, sino que vuelve a poner en discusión el límite de la presión tributaria local sobre actividades esenciales para la vida económica y social del distrito.
El nuevo gravamen se implementa de manera progresiva, a medida que las estaciones de servicio logran adecuar sus sistemas de facturación. Sin embargo, allí donde ya se encuentra operativo, el impacto es inmediato: el aumento ronda entre 25 y 30 pesos por litro, según el tipo de combustible. La decisión municipal, lejos de ser neutra, afecta a trabajadores, comerciantes, productores y familias que dependen del transporte para desarrollar sus actividades diarias.
La implementación de la tasa también expuso una preocupante improvisación administrativa. Las estaciones fueron notificadas recién el 23 de diciembre, a pocos días del inicio de su vigencia, y debieron solicitar una prórroga para adecuar sus sistemas. Pese a ello, el Ejecutivo avanzó con la aplicación del tributo, obligando a cada empresa a resolver sobre la marcha cuestiones técnicas y comerciales que requieren autorizaciones de casas matrices y petroleras.
APELACIÓN JUDICIAL
En paralelo, continúa pendiente una definición judicial tras la presentación de una medida cautelar que busca suspender la tasa. El planteo cuestiona no sólo la oportunidad de la medida, sino también la legalidad y razonabilidad de imponer un nuevo recargo sobre un producto que ya se encuentra gravado por múltiples impuestos nacionales y provinciales.
El argumento oficial de que la recaudación se destinará al mantenimiento de la red vial no logra disipar las críticas. En los hechos, el nuevo tributo no garantiza mejoras concretas ni establece mecanismos claros de control y rendición de cuentas sobre el destino de los fondos. Así, la tasa corre el riesgo de convertirse en un recurso de libre disponibilidad, sin asegurar que el sacrificio económico que realizan los vecinos se traduzca en obras visibles y mejoras reales en caminos y calles.
