Este jueves el Concejo Deliberante de Arrecifes recibió la respuesta del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a su consulta sobre si el ejercicio de la profesión de escribano público es incompatible con la de Defensor del Pueblo, en caso de considerarse a los escribanos como funcionarios públicos.
Esta objeción la había realizado el Departamento Ejecutivo Municipal, que suspendió el pago de haberes a Leandro Bonacifa como Defensor del Pueblo hasta tanto el Tribunal de Cuentas defina la situación.
Tal como lo hizo anteriormente la Asesoría General de Gobierno bonaerense, el Tribunal también se manifestó a favor de la postura del escribano Bonacifa, sosteniendo, entre otros conceptos, que “en nuestra opinión, reconociendo las particulares características que la profesión de escribano público posee, entendemos que en los términos de la ordenanza aquí tratada, no podría considerarse que el mismo ejerce función pública ni reviste la calidad de funcionario público, refiriéndose sí a la expresión, a cualquier actividad que se desarrolle dentro de algunos de los poderes del Estado, independientemente de si éste fuera nacional, provincial o municipal”.
En otro párrafo, el dictamen del Tribunal de Cuentas señala que: “respecto a la posible incompatibilidad del funcionario que se desempeña como Defensor del Pueblo, dado el ejercicio de su profesión de escribano público en el Distrito, señalamos que por ser aquél un miembro de la Municipalidad resulta alcanzado por las inhabilidades generales que se encuentran expresamente enumeradas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; por lo que debiera analizarse algún caso concreto a fin de determinar si se encontraría alcanzado por alguna situación de conflicto de intereses que comprometan su independencia”. Al respecto, hasta el momento no se produjo ninguna situación de conflicto.
Para terminar, el Tribunal recomienda al Concejo Deliberante “dejar aclarado el tema aquí planteado con la debida intervención de ese cuerpo deliberativo”.
