El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, aplicó en su ciudad una tasa municipal conocida como “impuesto al viento”.
Se trata de un tributo local que el jefe comunal camporista pretende cobrar a la generación de energía eólica a través de aerogeneradores.
El municipio estableció una Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) específica para parques eólicos, cuyo costo se calcula según la potencia nominal instalada, con valores entre US$ 700 y US$ 850 por megavatio (MW) al año.
La oposición, a través del Concejo Deliberante, recurrió al Tribunal de Cuentas bonaerense para intentar invalidar la ordenanza, argumentando irregularidades en su aprobación legislativa.
El debate legal y los antecedentes indican que en Puerto Madryn, en el año 2020, hubo un intento similar de cobrar un gravamen sobre la facturación eólica que la Justicia frenó por considerarlo un impuesto encubierto sin contraprestación de servicios.
Cabe destacar que una tasa municipal exige un servicio real prestado por el municipio. Fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminaron que las tasas no pueden calcularse de manera abusiva sobre los ingresos totales, sino en base a los costos reales de inspección.
