Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández dde Kirchner, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haber asumido, en un programa de televisión en vivo, que fue él mismo quien “decidió que vaya presa”.
Desde sus redes sociales, el letrado sostuvo que el jefe de Estado de los argentinos cometió “un delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 248 del Código Penal”, que se castiga “con prisión e inhabilitación a todo funcionario público” por dictar “resoluciones contrarias” a la Constitución Nacional o a las leyes establecidas.
“El propio Milei reconoció públicamente: ‘Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa’. Esa frase no es una opinión política: Es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial. Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”, explicó Dalbón.
Asimismo, detalló que, si un presidente “reconoce haber influido en un proceso judicial”, será “evidente la falsedad o la ilegitimidad”, tanto de las pruebas como de la sentencia que dictaron a la persona condenada, debido a que esos hechos se sucedieron bajo una determinada “influencia”.
Según el abogado, esta denuncia “no sólo busca sancionar un delito, sino defender el Estado de Derecho y la división de poderes”, frente a un mandatario que “se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora”.
“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: Que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente, que la prisión de Cristina fue política, que el poder sigue usando el Código Penal como arma. Y esa confesión, en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al Presidente. Lo que todo esto demuestra es que el poder ejecutivo y el poder judicial actuaron en forma conjunta afectando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de Cristina Kirchner”, indicó.
Para finalizar, recordó que, previamente a la condena a la actual titular del Partido Justicialista (PJ), hubo jueces y fiscales “que jugaban al fútbol con (Mauricio) Macri” y medios de comunicación que señalaban que “la bala que no salió” pero que “el fallo que sí” iba a salir.
“Son argumentos sobrados para la anulación definitiva de la sentencia contra la principal líder política de la oposición. El lawfare fue confesado y ahora está claro que, en la Argentina, Cristina es una presa política. Vamos a pulverizar el lawfare y salen todas las denuncias contra los que participaron del mismo”, concluyó.
