El Departamento Judicial de San Nicolás comprende a las ciudades de San Pedro, Ramallo, Capitán Sarmiento, Baradero y Arrecifes pero, tras clausurar la comisaria sanpedrina, la Comisaría Primera de San Nicolás es la única dependencia policial habilitada en toda la jurisdicción para albergar detenidos.
En el caso de la Comisaría de San Pedro hay tres calabozos, dos de ellos con órdenes de clausura desde 2009 y 2022, respectivamente. El único que aún podía alojar personas fue inhabilitado por el juez de Garantías Román Parodi tras la presentación de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria.
La resolución del Juez de Garantías otorga un plazo de 15 días al Gobierno provincial para proponer solución efectiva. El comisario Juan Ramón Catalano ya recibió la orden que dice que no puede alojar más detenidos.
Allí están alojados los detenidos por las estafas piramidales de “la China”, que ahora deben ser trasladados a San Nicolás.
“El señor comisario de San Pedro deberá proceder a la reubicación de los detenidos alojados en esa Comisaría a su cargo, a fin de respetar el cupo habilitado de cuatro personas, previa comunicación a los Juzgados a cuya disposición se encuentran cada una de las personas allí alojadas para que avalen los traslados”, dice la notificación que se recibió en la Comisaría de la vecina ciudad.
Según relataron quienes prestaron testimonio en ocasión de la requisa de octubre del 2024, llegó a haber casi 20 personas en simultáneo y en condiciones de extrema precariedad.
Indicaron que a las graves condiciones de detención se sumaban requisas dos veces por semana, las que calificaron como vejatorias de los derechos humanos.
“Aunque el sector se considere un lugar de tránsito, no cuenta con las condiciones mínimas de habitabilidad y dadas las falencias edilicias, no admite el alojamiento de detenidos cualquiera sea el número, poniéndose de manifiesto la necesidad urgente de encarar una serie de reformas”, dice el escrito producto de los informes periciales de los que se valió el magistrado para avalar su decisión.
En 2022 el ministro Sergio Berni entregó patrulleros y anunció el destino de 13 millones de pesos para refacciones, que se usaron para tareas de pintura y electricidad, ya que el edificio está en condiciones deplorables también para el personal que a diario sufre las pésimas condiciones en las que debe trabajar.
En octubre pasado, otra resolución del juez Parodi por denuncias de la Comisión por la Memoria estableció el impedimento para la DDI San Nicolás de alojar detenidos en su dependencia, lo que también generó serios inconvenientes para la tarea operativa de la policía en función judicial en toda la región.
Fuente: La Noticia 1
