Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la soja cerró con 300 mil hectáreas que no se pudieron implantar en la provincia y la cosecha será una de las peores de los últimos 15 años. En maíz, ya se recortaron 600 mil hectáreas, también en territorio bonaerense.
En este marco, se calculan pérdidas para el sector de hasta U$S 15.000 millones. De acuerdo a la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR, la campaña 2022/23 está transcurriendo bajo las condiciones más secas de al menos los últimos 60 años, y eso ha provocado que 1,7 millones de hectáreas de soja y maíz queden fuera de juego a nivel nacional, con las consecuentes pérdidas para los productores.
Ante ello, desde principios del año pasado, las distintas entidades rurales comenzaron a elevar sus reclamos al Gobierno en busca de soluciones. La semana pasada, la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) reclamó tanto al oficialismo como a la oposición que se apliquen “medidas urgentes” para enfrentar la sequía, entre la cuales propuso la condonación de deudas impositivas.
“Si no se hace algo urgente, la sequía nos dejará sin carne y leche, ya que el ganado no tendrá qué comer. Y a eso hay que sumarle la falta de granos para criar pollos y cerdos”, alertaron en un comunicado.
Similares pedidos realizaron la Sociedad Rural y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que señalaron que declarar emergencia agropecuaria “no es suficiente”.
Teniendo en cuenta ello, desde la oposición bonaerense presentaron un proyecto de ley para que el Gobierno asista a los afectados con medidas especiales, entre las que se destaca la exención del pago de tasas y el otorgamiento de un subsidio.
En tanto, desde Nación estudian lanzar nuevas medidas más allá de dólar soja, los incentivos con préstamos blandos y otras ventajas para productores, lanzadas a fines de 2022 por el ministro de Economía, Sergio Massa.
