En 2023, la senadora nacional Carolina Losada (UCR) presentó un proyecto para endurecer las penas a falsos denunciantes en cuestiones de género. En 2025 logró dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, pero nunca llegó al recinto para su debate final y perdió estado parlamentario. Ante la renovación del Cuerpo, el pasado mes de diciembre, la legisladora por Santa Fe decidió volver a presentarla, lo que hará este martes 7 de abril.
Losada destacó la necesidad de abordar el tema como una problemática que “trasciende los partidos políticos”.
Para la nueva jornada contra las falsas denuncias, que se realizará este martes, remarcó el fuerte interés que genera el tema. “En dos días se inscribieron casi 600 personas, tuvimos que cerrar el formulario porque no alcanza la capacidad”, explicó, al tiempo que informó que el evento también podrá seguirse de manera virtual. Además, señaló que el proyecto volverá a dictaminarse en comisión, por tercera vez, con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación en el recinto.
En cuanto al contenido de la iniciativa, Carolina Losada sostuvo que apunta a garantizar “igualdad real ante la ley entre hombres y mujeres” y cuestionó el funcionamiento actual del sistema judicial. “Hoy en muchos casos sos culpable y después tenés que demostrar que sos inocente, y eso es invertir la carga de la prueba”, afirmó. En ese sentido, explicó que la propuesta contempla penas más severas en casos de denuncias falsas vinculadas a violencia de género o contra menores.
La senadora también aclaró que el proyecto “no es en contra de las verdaderas víctimas”, sino que busca sancionar a quienes utilizan el sistema judicial con otros fines. “El que miente le quita recursos a quienes realmente sufren violencia”, indicó, y advirtió que la proliferación de denuncias falsas genera desconfianza y deja desprotegidas a las víctimas reales.
“El delito de falsa denuncia, contemplado en el actual artículo 245, tiene una pena de dos meses a un año de prisión, por lo que es excarcelable. Y una multa de $ 700 a $ 12.000; es una cargada. Es decir, un delito prácticamente insignificante dentro del Código Penal y no tiene agravantes”, añadió la dirigente radical.
El proyecto que presentó propone modificaciones en los artículos 117, 245 y 275 del Código Penal. En el caso del artículo 245, establece: “Se impondrá prisión de uno a tres años al que denuncie falsamente a una persona, determinada o indeterminada, ante la autoridad. Si la falsa denuncia se da en el contexto de delitos de violencia de género, contra menores o contra la integridad sexual, la pena será de tres a seis años”.
En cuanto al artículo 275, referido a quien testifique falsamente, se dispone: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, total o parcialmente, en su declaración, informe, traducción o interpretación ante la autoridad competente”.
En sus fundamentos, Losada también se refiere a las denuncias difundidas por medios de comunicación o redes sociales. Señala que, en muchos casos, la condena social ante hechos aberrantes —denunciados formalmente o no— se produce rápidamente, aun sin pruebas suficientes ni proceso judicial. Esto deriva en exclusión, rechazo y, en ocasiones, escraches públicos injustos frente a hechos falsos que hoy no tienen una sanción penal adecuada.
Además, se proponen cambios en el artículo 117 bis del Código Penal para agravar las penas en casos de difusión de datos falsos e injurias en contextos de violencia de género, abuso, acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, Losada criticó la falta de apoyo político para avanzar con la iniciativa. “Hay muchos que en privado dicen que el proyecto está bien, pero después no lo votan por miedo o por decisiones partidarias”, sostuvo, y cuestionó lo que definió como “hipocresía” dentro de algunos sectores.
Casos testigos de falsas denuncias
Para fundamentar la iniciativa, la senadora citó casos concretos ocurridos en los últimos años. Entre ellos, el de Agustín Muñoz, un joven rionegrino acusado falsamente por una amiga de abuso sexual “en un momento de bronca”, que en 2018 se quitó la vida. La vergüenza, la depresión y el miedo derivados de esa situación no pudieron ser reparados por una simple disculpa.
Otro caso es el del médico obstetra Pablo Ghisoni, quien estuvo preso por una falsa denuncia de abuso sexual realizada por su hijo mayor, Tomás. En 2025, el joven confesó que la acusación fue falsa y que había sido manipulado por su madre, Andrea Vázquez. Tras pasar tres años detenido, Ghisoni fue absuelto por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
Había sido acusado de abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia en hechos contra sus dos hijos, ocurridos en distintos períodos entre 2010 y 2016.
“La historia de Pablo es terrible. Toda la manipulación y las mentiras que vivió las escuchamos en una de nuestras jornadas. Su absolución llegó después de años de sufrimiento que nadie debería atravesar. Su caso expone el enorme daño de las mentiras y la urgencia de actuar. Necesitamos que este año todos los senadores acompañen para que sea ley el aumento de penas”, concluyó Losada.
