Los maestros que participaron del anuncio son los que forman parte del Frente Gremial Docente, compuesto por Suteba, FEB, UDA, Amet y Sadop.
Voceros de la administración bonaerense confirmaron a DyN que el gobernador Daniel Scioli dispuso a través del ministerio de Trabajo la medida, basándose en un fallo de laSuprema Corte de Justicia de la Provincia que lo avala, por lo que se establecerá una tregua en el conflicto docente por 15 días, prorrogables por 5 más.
Con la conciliación los gremios docentes deberán abstenerse de realizar medidas de fuerza como la prevista para esta semana, mientras que la parte empleadora no podrá adoptar ningún tipo de acción que perjudique a los trabajadores.
El Frente Gremial, que cumplió hasta hoy ocho paros desde el inicio del año lectivo y rechazó la suba salarial del 22,6%, anunció una huelga de 96 horas, a cumplirse miércoles y jueves de esta semana y el 7 y 8 de mayo.
Los gremios habían suspendido las medidas de fuerza a raíz del temporal que azotó a La Plata y el conurbano el 2 de abril, que provocó más de 50 muertos.
El ministerio de Trabajo bonaerense explicó que la medida “se dictó teniendo en cuenta que la paritaria salarial está cerrada, con el objetivo de dar cumplimiento al derecho de los alumnos de tener clases, e instando a las partes al cese inmediato de las medidas de acción directa o indirecta que puedan impedir la prestación del servicio educativa y quedar fuera de la Ley”.
Tras la decisión laboral el gobierno bonaerense deberá convocar a los gremios docentes a una audiencia de conciliación, que según indicaron fuentes del Ejecutivo “sería esta semana”.
“Con el convencimiento que el camino debe ser el diálogo, el gobierno provincial seguirá propiciando que este se dé con los alumnos en las aulas y en el convencimiento de que los gremios acatarán lo dispuesto por este Ministerio de Trabajo”, consignó la declaración de la cartera laboral.
Un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, del 11 de marzo, consideró que “a falta de una deseable mejor solución”, la conciliación obligatoria “actúa en procura de un interés superior de la sociedad como canalizador de las controversias sociales, facilitando el diálogo y la paz social de la comunidad”.
Ese pronunciamiento terminó con la disputa con los sindicatos docentes que esgrimieron tratados internacionales para impedir su aplicación.