La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata autorizó los aumentos de tarifas de luz de los prestadores de ese servicio en la provincia de Buenos Aires, incremento que en simultáneo fue motivo de fuerte discrepancias entre empresas y usuarios durante la audiencia pública convocada por el gobierno provincial en la ciudad de Mar del Plata.
La medida judicial fue adoptada por los jueces Gustavo De Santis y Claudia Milanta al hacer lugar a un recurso de queja presentado por la Fiscalía de Estado provincial contra una resolución del juez platense Luis Federico Arias, que declaró la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Infraestructura bonaerense que autorizaron el aumento en la tarifa de luz.
En el fallo que fue dictado el martes pero recién se conoció hoy, los magistrados hicieron lugar también a un recurso de apelación presentado por el Estado y otorgaron efecto suspensivo a la medida judicial del juez de primera instancia, por lo que hasta que no se defina el tema de fondo, el fallo de Arias que declaró la nulidad de las tarifas no estará en vigencia.
Con esta medida, las empresas EDELAP (La Plata y región), EDES (sur bonaerense), EDEA (costa atlántica), EDEN (norte de la provincia) y las alrededor de 2.000 cooperativas quedaron habilitadas para cobrar el aumento tarifario.
Arias había suspendido el incremento al hacer lugar a una medida autosatisfactiva promovida por el Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ) contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y declaró la nulidad de la resolución 22/16.
En el fallo, el juez platense consideró que la nulidad de los aumentos no afecta a la Tarifa Social dispuesta en esa resolución.
Pero al tiempo en que el tribunal autorizaba los aumentos de tarifas de luz, las empresas prestadoras del servicio y los usuarios a través de las asociaciones que los representan mantenían fuertes discrepancias en el debate generado en un gimnasio cubierto del Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, en medio de un fuerte operativo judicial.
Los directivos de las empresas y cooperativas distribuidoras de electricidad defendieron los aumentos, mientras que los representantes de las entidades que representan a los usuarios advirtieron sobre el “impacto negativo del tarifazo” en los bolsillos de los consumidores.
En las afueras del estadio se llevó a cabo una “contra audiencia” a través de una movilización de protesta convocada por las delegaciones locales de la CTA y la CGT, a la que se sumaron organizaciones sociales y vecinos que calificaron a la audiencia de “ilegal e ilegítima”.
