Una denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei impulsó la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, quien obtuvo datos precisos sobre las extorsiones y amenazas de dirigentes sociales de la Izquierda y del Kirchnerismo que se quedaban con comida y dinero de los sectores más necesitados si no concurrían a las marchas.
En allanamientos realizados este lunes sobre dirigente piqueteros, se secuestró dinero y documentos supuestamente provenientes de planes sociales que recibían del Estado. La investigación detectó una estructura jerárquica de cinco niveles, en la que los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos. El análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp reveló también un sistema extorsivo, con premios y castigos por marchar, vender comida del Estado o realizar otros encargos.
El caso se inició en diciembre del año pasado, antes de la primera gran marcha piquetera contra Javier Milei, cuando el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar supuestas extorsiones que realizaran piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a las manifestaciones. Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2.720 y 924 se transformaron en denuncias. Unos 45 casos fueron denunciados en la ciudad de Buenos Aires y sobre ellos se centró la investigación del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
Con el avance de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los acusados y se establecieron los mensajes que intercambiaban. El fiscal pidió allanar, detenerlos e indagarlos, pero el juez prefirió primero tomar declaraciones testimoniales. Hasta que la Cámara Federal dispuso los allanamientos.
La investigación logró precisar al menos tres grupos de personas relacionadas con la gestión del Plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del plan, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dinero a esas personas vulnerables, a quienes les reclamaban “cápitas”, “cuotas” o “alquiler de comedor”, y los cobraban por la entrega de alimentos que recibían gratis del Gobierno.
Según la investigación, también los obligaban a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia, y los forzaban a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas, a repartir volantes de los candidatos, bajo amenaza de que, en caso de no cumplir, se les daría de baja de la prestación social o se les negarían los alimentos y la mercadería.
Fuentes judiciales indicaron que se comprobó la existencia de un sistema de control donde a las personas que no acudían a las manifestaciones se las sancionaba. Se tomaba asistencia en las movilizaciones al comienzo y al final, y se armaba una “lista de castigados” que debían “reparar” su mácula mediante el cumplimiento de nuevas tareas o el pago de una multa de hasta 10.000 pesos por la ausencia a cada marcha.
Se les exigía “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes”. Por ejemplo, de turnos médicos o trámites, y como castigo también se les prohibía retirar comida durante determinado tiempo.
Por otra parte, de la totalidad de los comedores comunitarios relevados que teóricamente recibían mercaderías, la mitad de ellos no existían.
Entre los dirigentes más conocidos comprometidos por esta investigación se encuentran Eduardo Belliboni, Juan Grabois, el Chino Navarro, Gabriel Solano, Pablo Moyano, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, entre otros; todos identificados con movimientos de Izquierda o Kirchneristas.
