El 25 de junio de este año, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de San Nicolás dictó sentencia sobre el juicio iniciado en el año 2016 por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes hacia la Municipalidad por reconocimiento de derechos, en virtud de no haber cumplido la comuna con los correspondientes ascensos y promociones de sus empleados.
Ya el 27 de junio de 2019 el Municipio, durante la gestión de Javier Olaeta, no había cumplido con una sentencia por un juicio similar del Sindicato caratulado “amparo por mora”. En ambos, casos la Justicia falló a favor del gremio que conduce Juan José Maury.
En la condena de julio, se obliga a la Municipalidad de Arrecifes a otorgar a los agentes municipales los ascensos y promociones que se le adeudan desde al año 2015 hasta el año 2019 inclusive (también administración Olaeta), y una vez ello, se liquiden las diferencias salariales con retroactividad a enero de 2016, con imposición de costas del presente proceso a nuestro Municipio.
Cumplir con esta medida judicial supone para el Estado municipal local una suma difícil de calcular pero que se estima en no lejana a 1.000 millones de pesos, lo que económicamente le resulta imposible.
Por ello, el 14 de julio, el intendente Fernando Bouvier decidió apelar esa sentencia en segunda instancia, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás. La semana pasada se conoció que la Cámara resolvió sobre el recurso interpuesto por la Municipalidad, rechazándolo y confirmando la sentencia original, lo que significa que debe cumplir con lo adeudado a sus empleados.
LA INTERVENCIÓN DEL CONCEJO
En la sesión del Concejo Deliberante de este miércoles por la noche, el bloque Vamos con Vos, integrado por Sebastián Reigosa, volvió a intervenir en el conflicto como lo había hecho ante la sentencia de primera instancia, con un proyecto pidiéndole al Departamento Ejecutivo que conforme una mesa de diálogo para ver cómo se puede salir de esta comprometida situación.
Bien lo explicó el concejal: “Llegamos a una situación grave porque, por un lado, están los derechos de los trabajadores que fueron vulnerados y que merecen que se los recomponga, especialmente a los jubilados, a los que no se les cumplió con la categorización que les correspondía y por ende perciben menos haberes. Y por el otro, la economía municipal -encima endeble- que colapsaría. Queda una instancia más de apelación, si el Intendente la decidiera, pero sería tirar el problema para adelante. Con una doble sentencia a favor del Sindicato, es casi imposible que la Corte Suprema de la Provincia la revierta. Si no la tiene que pagar esta gestión tendrá que hacerlo la que venga, pero habrá que pagarla”.
“Ante el primer fallo pedimos que se conforme esa mesa de diálogo y desde el Municipio nos dijeron que iban a apelar la medida. Ahora, ante la segunda sentencia condenatoria, volvemos a pedirla. Del mismo modo, insistimos en que se inicien las actuaciones administrativas correspondientes para determinar quiénes fueron los funcionarios responsables de esto y que paguen ellos, no los vecinos”, argumentó Reigosa.
El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad.
La realidad es que la gestión del exintendente Olaeta dejó este problema gravísimo para las arcas municipales, desconociendo derechos y leyes y desobedeciendo resoluciones judiciales. La administración Bouvier la heredó y no dialogó con el gremio en busca de una solución. Ahora llegamos a esta crítica situación: los trabajadores lo merecen y les corresponde, pero no se puede pagar. Y como siempre, los vecinos en el medio.
