La Procuración General de la Nación avaló, en un dictamen no vinculante, el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, compañía creada por el vicejefe de Gabinete de Macri, Mario Quintana, quien aún es accionista.
La instalación de esta cadena de farmacias-shopping en el interior bonaerense perjudicaría notablemente a las tradicionales “farmacias de pueblo”, a cargo de profesionales en la materia, afcctando también a las economías locales.
El procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que el artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en la provincia es “inconstitucional”, algo que abriría el espectro de las farmacias que pueden operar en territorio bonaerense.
Este artículo determina que en el distrito “serán autorizadas las instalaciones o enajenaciones de farmacias cuando la propiedad sea: a) de profesionales farmacéuticos con título habilitante, b) de sociedades colectivas o de responsabilidad limitada integradas totalmente por profesionales farmacéuticos, c) de sociedades en comandita simple formadas entre profesionales habilitados y terceros no farmacéuticos, actuando éstos últimos como comanditarios y sin poder tener injerencia en la dirección técnica”.
Ante esto, el Colegio de Farmacéuticos bonaerense y el diputado provincial del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, que impulsa un proyecto en la Legislatura para frenar al desembarco de Farmacity en la provincia, cuestionaron a la Procuración.
“Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. En Buenos Aires las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía si no un bien social”, sostuvo Bonelli.
El legislador relacionó el pronunciamiento de la Procuración con un presunto interés de Quintana en resolver esta cuestión de manera favorable para la empresa, pese a que el funcionario dijo recientemente que vendería su participación en la empresa.
El proyecto presentado por Bonelli tiene como objetivo aclarar los alcances de la Ley de Farmacias y establece que el artículo 14 debe ser “taxativo”, no enunciativo, y que quienes no estén contemplados en él no podrán dedicarse a comercializar medicamentos.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, Isabel Reinoso, dijo que “la Procuración le está dando indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las provincias que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud. El acceso de medicamentos y la salud es un tema de salud pública”.
