El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló este viernes que el Gobierno descubrió “una actividad fraudulenta a gran escala” extendida durante las últimas administraciones nacionales con respecto al pago de pensiones por invalidez. La maniobra le habría costado al Estado un desvío de fondos de alrededor de 3.400 millones de dólares.
Durante una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) registró que la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045 entre 2003 y 2015, y llegó a 1.222.000 beneficiarios en diciembre de 2023, lo que fue considerado por Manuel Adorni como un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
El Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, encabezaron la auditoría en el organismo y encontraron cosas como que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de los cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”, relató el vocero presidencial.
Otras irregularidades detectadas durante la auditoría fueron el caso de la radiografía de hombro en Chaco, que fue presentada como prueba para la emisión de 150 pensiones por invalidez laboral.
También se encontró que en 2022 un médico de Corrientes, descrito por Adorni como “de dudosa ética profesional”, usó un recurso similar para lograr el beneficio: “adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, señaló el vocero presidencial mientras blandía la imagen del animal.
“Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a U$S 3.400 millones, algo más de medio punto del PBI. Del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando”, detalló.
“Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos. Por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados”, adujo.
“A cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el Gobierno nacional de $ 1.5 millones por afiliado”, aclaró, para profundizar en la estafa detectada.
