El Gobierno nacional logró convalidar en la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono de $70 mil a $110 mil, en su camino de no romper el equilibrio fiscal conseguido.
Dado que se necesita que los vetos sean rechazados por ambas Cámaras, la decisión del Poder Ejecutivo quedará firme.
La oposición sumó 160 votos a favor del proyecto original y el oficialismo aglutinó 83 rechazos. También hubo seis abstenciones que jugaron a favor del oficialismo porque, al estar presentes, aumentaron el umbral necesario para llegar a los dos tercios.
Entre los que se abstuvieron se destacan los cuatro diputados de Misiones que responden al líder renovador Carlos Rovira, María Eugenia Vidal (PRO) y Marcela Antola, que trabajan en tándem con el gobernador Rogelio Frigerio. El mandatario de Entre Ríos también ayudó al Gobierno a mantener el equilibrio fiscal con el voto negativo de Francisco Morchio, que integra el bloque Encuentro Federal.
Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aportó los votos negativos de Lisandro Nieri y Pamela Verasay. Y el santacruceño Claudio Vidal, sumó a José Garrido a las filas del oficialismo (Garrido había votado a favor de la media sanción en junio).
Otros tres radicales, Atilia Benedetti de Entre Ríos, Soledad Carrizo de Córdoba y Gerardo Cipolini de Chaco, completaron la nómina de diputados que sostuvieron el veto presidencial.
Fue una importante victoria legislativa para los libertarios tras haber sido derrotados al inicio de la sesión cuando se debatió el veto a la emergencia en discapacidad,que fue ratificada con 172 votos afirmativos contra 72 en contra.
La oposición vio una luz de esperanza cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación la habilitación del debate: consiguió 159 votos afirmativos, que representaban dos tercios gracias a la gran cantidad de ausentes (18). Para alcanzar esa mayoría agravada fue clave la ausencia de cinco diputados de LLA y cuatro del PRO, ya que las ausencias bajan el umbral para llegar a los dos tercios.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. En número concretos: en agosto las jubilaciones se ajustaron por la inflación de junio (1,62%) y sobre esa baje el mínimo alcanzó $314.305, que junto con el bono extraordinario de $70.000 se transformó en $384.305.
En cambio, si la norma sancionada en el Congreso hubiera quedado firme, los haberes de agosto se habrían calculado de otra manera. El haber mínimo de $314.305 se habría multiplicado por 1,072, lo que daba $336.928. Sumando el bono de $110.000, el total habría alcanzado los $446.928. En tanto que la jubilación máxima se ubicó en $2.114.977 y con esta ley hubiera rondado los $2.267.263.
