Con el objetivo de erradicar hechos de corrupción en el PAMI, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas que ya inició una auditoría interna para sancionar a los responsables en caso de hallar irregularidades.
En este sentido, la obra social de los jubilados y pensionados emitió un comunicado en el que reveló la apertura de una investigación puertas adentro. Sus principales metas serán las de ordenar el Instituto y cuidar el dinero de los afiliados para garantizar que sus recursos sean utilizados correctamente.
En el texto enviado a los medios de comunicación, se afirma que “PAMI está llevando adelante una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sistemas delegaciones, con el objetivo de cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores”.
En esta misma línea, la entidad a cargo de Esteban Leguízamo agrega: “Durante años, la política convirtió a PAMI en una caja. Usaron el Instituto para hacer negocios, y montar estructuras clientelares en cada rincón del país. Esta intervención forma parte de una política clara: desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios. El objetivo es ordenar el Instituto, cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”.
A su vez, desde el organismo oficial señalaron que “se detectó un uso llamativamente elevado de las vías de excepción – un mecanismo que, por definición, debe ser excepcional – para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. En muchos casos, estas vías se usaban para eludir licitaciones y procedimientos formales, abriendo la puerta a manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos”.
Por todos estos motivos, en el PAMI enfatizaron: “No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”.
Por último, en el comunicado se asegura que “PAMI no será más una caja negra al servicio de la política. Estamos terminando con años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores. Esta gestión vino a poner orden, transparencia y a defender los intereses de nuestros afiliados. El tiempo de la impunidad se terminó”.
