El protocolo antipiquetes aplicado por el Gobierno nacional en manifestaciones sociales y cortes de calle fue declarado nulo por la Justicia Federal. Lo decidió el juez Martín Cormick, que hizo lugar a un amparo presentado por distintas organizaciones y consideró que la metodología utilizada por las fuerzas de seguridad tiene vicios en su conformación legal.
El magistrado falló contra la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, puesta en marcha hace dos años por la exministra Patricia Bullrich. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.
Cormick fue designado Juez en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández. Antes había sido funcionario del PAMI e Inspector General de Justicia en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner.
En su resolución, Cormick concluyó que el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, tareas que exceden el marco de competencia de un funcionario del Poder Ejecutivo. A su criterio, la administración pública no tiene a potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales, sin que exista una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones.
El fallo del magistrado consideró que la protesta social es un fenómeno complejo que no puede equipararse automáticamente con un ilícito penal que justifique la intervención policial sin orden de un juez. Además, rechazó el punto del protocolo que refiere a las “tareas de inteligencia” sobre los manifestantes.
La resolución de Cormick, que la semana pasada había ordenado que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario, se conoció días después de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo, en una de las movilizaciones realizadas en marzo pasado en los alrededores del Congreso. El efectivo, integrante de la Gendarmería Nacional, está procesado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el abuso de su función y abuso de armas, este último en cinco hechos. El tribunal también ratificó un embargo de 203 millones de pesos sobre sus bienes.
