La Justicia dispuso una serie de allanamientos de urgencia en el marco de la causa que investiga posibles violaciones a la orden judicial que prohíbe la aplicación de agroquímicos en cercanías de áreas urbanizadas, instituciones educativas y espacios residenciales del distrito de Pergamino.
La medida fue ordenada por el fiscal Daniel Aguilar, quien se encuentra subrogando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 pergaminense. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Ecológica de la provincia de Buenos Aires, con base operativa en Junín y jurisdicción en la vecina ciudad.
De acuerdo con fuentes judiciales, la intervención permitió localizar la aeronave presuntamente involucrada en una de las aplicaciones de agroquímicos denunciadas, así como secuestrar bidones con productos, las recetas vinculadas y documentación habilitante de la actividad. “Se dispusieron allanamientos en la urgencia, por peligro en la demora, desde la Fiscalía 6. Está individualizada la avioneta dentro del hangar. Se lograron secuestrar los bidones, la receta y los carnets habilitantes de los profesionales involucrados y el productor o arrendador involucrado”, reveló una fuente cercana a la investigación al describir la celeridad de la intervención judicial de la UFI 6.
Denuncia de los directivos de la Escuela de Ayerza
La investigación judicial se inició a partir de denuncias realizadas este martes por directivos y docentes de la Escuela Primaria 56 y la Secundaria 3061 de Francisco Ayerza, en la zona rural de Pergamino, advirtiendo la presencia de aplicaciones en cercanías de establecimientos educativos. Según trascendió, algunos integrantes de la comunidad escolar habrían sufrido consecuencias derivadas de la exposición, lo que activó la intervención inmediata de la Justicia.
La orden judicial que rige en el partido de Pergamino establece parámetros estrictos para las aplicaciones de agroquímicos: en el caso de las terrestres, queda prohibida la actividad a menos de 1.049 metros de las zonas urbanizadas; mientras que para las aéreas, la restricción se amplía a un radio de tres mil metros. Además, deben cumplirse protocolos relacionados con la dirección y la intensidad del viento al momento de realizar la intervención, justamente para evitar la deriva de los productos hacia áreas pobladas.
Esta normativa fue dictada con alcance en todo el distrito y comprende la ciudad cabecera, las localidades rurales, los parajes y espacios con residencia familiar o escolaridad activa. Se trata de una medida de protección que surgió tras años de reclamos de vecinos, organizaciones ambientales y referentes de la salud pública, en un contexto de creciente preocupación por los efectos de los agroquímicos en la población.
Con los allanamientos positivos y el secuestro de elementos clave, la causa habría dado un salto significativo en su avance. Ahora, la Fiscalía deberá evaluar los resultados de las pericias sobre los productos incautados y determinar si existió una violación efectiva de la normativa vigente. De comprobarse, podrían imputarse responsabilidades tanto a los aplicadores como a los profesionales que extendieron las recetas agronómicas.
En paralelo, las denuncias de la comunidad educativa mantienen en alerta a las familias y autoridades, que insisten en el estricto cumplimiento de los perímetros de resguardo. El expediente, aún en etapa de instrucción, se perfila como un caso testigo en la aplicación de la normativa ambiental y sanitaria que protege a las zonas urbanizadas del distrito de Pergamino.
Fuente: La Opinión de Pergamino
