La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que el Gobierno les exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios para seguir percibiendo ese ingreso, al tiempo que aumentarán los controles de quienes están incluidos. También se eliminará la intermediación de las organizaciones sociales, que no recibirán más dinero.
“Estuvimos trabajando mucho en la actualización de datos de quienes cobran planes sociales y encontramos que más del 60% de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, y nos pareció importante poder acompañarlos en este proceso”, dijo la funcionaria nacional al ser consultada sobre un plan del Gobierno para que los beneficiarios estudien como contraprestación.
En ese sentido, remarcó que “la educación y el trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de pobreza y vulnerabilidad”. Asimismo, subrayó que “cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria”.
Stanley dejó claro que la iniciativa es “a favor de la gente” y que no cree que genere “resistencias”, al tiempo que explicó que viene dialogando sobre este tema “con las organizaciones sociales” y que el objetivo es tratar “caso por caso”.
Además, según el diario Clarín, el plan del Gobierno incluye que ya no sean las organizaciones sociales quienes gestionan el reparto de planes. Se trata de unos 50 entes que dejarían de percibir unos $ 12.000 anuales por cada beneficiario. Y lo mismo pasaría con los municipios, los cuales reciben $ 18.000. Con esto, el Ejecutivo tendría un ahorro de unos $ 1.500 millones que serían destinados a obras de infraestructura en zonas vulnerables.
Conocida la información, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, consideró que el Gobierno “busca disciplinar a los movimientos sociales que junto a las centrales obreras se manifestaron de manera masiva el pasado 21 de febrero”.